“Renuncia, Calderón”

5 December 2010
CONTRALINEA

Autor: Mayela Sánchez

En redes sociales, como Twitter y Facebook, miles de mexicanos exigen la “renuncia” de Felipe Calderón a la Presidencia. La demanda de la oposición –que pasó de las calles y del sector político al internet– se ha mantenido por meses, como muy pocos tópicos, entre los debates más asiduos y presenta puntos álgidos con cada masacre o anuncio de fracaso económico. Sin embargo, la Constitución no prevé la remoción del presidente a petición de la ciudadanía. Lo que sí establecen las leyes mexicanas es su destitución, que estaría en manos del PRI ante la composición política del Congreso de la Unión, explican especialistas

A dos años de que concluya el sexenio, miles de mexicanos “exigen” la renuncia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como presidente de la República. A partir de su popularización, las redes sociales Facebook y Twitter se han convertido en nuevas vías de expresión política, en las que es recurrente la petición de que el panista renuncie al cargo.
De las calles a las redes sociales de internet (@renunciacalderon) y, luego, a la solicitud formal. La demanda de revocar el cargo al político michoacano fue planteada por diversas organizaciones civiles y políticas desde mediados de 2009, cuando iniciaron un movimiento a nivel nacional a favor de rescindir el mandato a Calderón Hinojosa. El movimiento tuvo su clímax en mayo pasado con la Consulta Nacional para la Revocación de Mandato de Felipe Calderón, en la que participaron más de 600 mil personas, la mayoría de las cuales votó a favor de revocar el cargo al actual titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con la información publicada en el portal electrónico del Comité Nacional para la Revocación de Mandato de Felipe Calderón (www.revocacionmandato.org/revoca). Sin embargo, estas demandas carecen de sustento jurídico: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla la posibilidad de que el presidente sea removido de su cargo a petición de los ciudadanos. Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que, conforme al texto constitucional, la destitución del presidente de la República sólo puede darse porque se le acuse penalmente o se inicie un juicio político en su contra.

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, el presidente sólo puede ser acusado de traición a la patria y delitos del orden común. En tanto, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que un juicio político procede cuando los actos u omisiones de un servidor público “redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Lo anterior puede configurarse cuando existan violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, ataque a la libertad de sufragio, usurpación de atribuciones, ataque a las instituciones democráticas o a la forma de gobierno, así como violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal, de acuerdo con el artículo 7 de dicha Ley.
También son motivos de un juicio político las infracciones u omisiones graves a la Constitución o a las leyes federales cuando éstas causan perjuicios graves a la Federación o a uno o varios estados, o cuando motivan el trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
De acuerdo con lo estipulado en la Constitución, tanto la acusación penal como el juicio político contra el presidente son procedimientos que se dirimen en el seno del Congreso de la Unión, de modo que la destitución de un presidente en México queda en manos de 500 diputados federales y 128 senadores.
En el caso de Calderón Hinojosa, su destitución estaría decidida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dado el control que tiene sobre la Cámara de Diputados, señala Jaime Cárdenas Gracia, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT).
Pero no es la única razón por la que Cárdenas Gracia considera que el partido tricolor sería la fuerza determinante de la continuidad de Calderón Hinojosa en el cargo. El legislador, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que el mandatario “se sostiene con el apoyo del PRI. En el momento en que le retire el apoyo, se cae”.
El pronóstico de Cárdenas Gracia es que Calderón Hinojosa continuará en el cargo mientras “no se pase de la raya y haga enojar a los priistas”, pues en caso contrario, el PRI podría recurrir lo mismo a los mecanismos legales para destituirlo o presionarlo para que renuncie.
Sin embargo, Cárdenas Gracia considera poco factible que el PRI motive la remoción del mandatario en lo que resta del sexenio, aun frente a las expresiones sociales que podrían exigirla.
La razón, explica, es que dada la pretensión priista de regresar al poder en 2012, al PRI no le convendría acoger a un “país tan agitado” como el que se originaría con una anticipada salida de Calderón Hinojosa.

La factibilidad de la renuncia

La exigencia de la renuncia de Calderón Hinojosa también ha sido socorrida por miembros de los partidos de oposición. Uno de ellos es el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien considera que ante la ausencia de la figura de revocación de mandato en la Ley, la única manera de destituir al presidente es “obligarlo a que renuncie”.
Sin embargo, tal planteamiento es “inconsistente”, refiere el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez, pues no se puede obligar a alguien a renunciar a un cargo, sino que tal acción debe hacerse de forma voluntaria y como un ejercicio de “autocrítica”.
“La renuncia es el último acto de dignidad, y la dignidad no se pide”, expresa el investigador.
La posibilidad de que el presidente de la República renuncie está prevista en el artículo 86 constitucional. Éste señala que el cargo “sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
Cárdenas Gracia no duda que, ante un activo y amplio rechazo social, Calderón Hinojosa renunciaría. Sin embargo, el diputado federal considera que, hasta ahora, “la sociedad civil no ha logrado movilizarse de manera abundante en contra de Calderón”.
Además de que las muestras de rechazo vigentes no son suficientes para “tirar a Calderón”, Cárdenas Gracia expresa que el “arreglo en la elite” que el presidente tiene con el PRI, los medios de comunicación y algunos empresarios también atenúa por ahora la posibilidad de que renuncie.
Para el diputado panista Manuel Clouthier Carrillo, a Calderón Hinojosa no debe exigírsele que renuncie, “sino que gobierne”. Clouthier Carrillo dice que el michoacano tiene que continuar en la Presidencia hasta el último día de su mandato, “nos guste o no nos guste, le guste a él o no le guste”.
El legislador panista critica que, a dos años de que termine el sexenio calderonista, el presidente siga pensando “en conceptos estrictamente electorales o en medidas de tipo populista”.
No obstante, Clouthier Carrillo sostiene que no hay razones para exigir la renuncia de Calderón Hinojosa y que tampoco debería aceptarse si éste la llegara a presentar, pues considera que el mandatario “tiene que enfrentar su responsabilidad de gobernar a favor de todos los mexicanos, no de un grupito”.
Y lanza una última advertencia: “El verdadero peligro para México se puede convertir en el propio Felipe Calderón si no entiende que tiene que gobernar para todos los mexicanos”.

Redes sociales, la cara de la demanda

“A que en 30 días juntamos 1,000,000 (1 millón de usuarios en Facebook) que quieren que renuncie Calderón”. Ésta fue la consigna de un grupo virtual que el 22 de diciembre de 2009 comenzó a circular en la red social Facebook, que cuenta con 16 millones de usuarios en México.
Este grupo que apoya la renuncia de Calderón se dice apartidista y actualmente no es administrado por nadie, según la información de su página en la red social. Lo único que ahí se señala sobre su origen es que se trata de un grupo “para todos los que ya están hartos de Felipe Calderón en Los Pinos”.

 

Si bien no alcanzó su meta de reunir 1 millón de adherentes en un mes, el grupo sigue activo y continúa sumando adeptos. Actualmente cuenta con 319 mil 600 miembros, más del triple de los que registra la página de Facebook de Calderón Hinojosa.
La aparición de este grupo causó controversia desde su origen; incluso se denunciaron supuestos bloqueos en su página para evitar que los usuarios de Facebook se adhirieran a la causa. Aunque es el que registra el mayor número de miembros, no es el único grupo que ha sido creado en apoyo a la renuncia del presidente mexicano.
La demanda de la renuncia de Calderón Hinojosa también ha encontrado eco en Twitter, otra red social que cada día gana más adeptos en México. Aunque no se tiene el número exacto de personas que utilizan esta plataforma en el país, en enero de este año la revista Etcétera informó que México ocupaba el lugar 11 a nivel mundial en número de usuarios de Twitter, de acuerdo con un reporte de la empresa Sysomos, dedicada a analizar el impacto de las redes sociales.
A través de mensajes de no más de 140 caracteres, e identificados por el marcador #renunciacalderon, los usuarios de Twitter vierten a diario comentarios a favor de que Calderón Hinojosa deje el cargo.
El tema de su renuncia ha sido tan discutido por los tuiteros (como se les conoce a los usuarios de esta red) que incluso se posicionó entre los 10 tópicos más populares el 30 de agosto pasado.
Uno de los comentarios vertidos ese día por el usuario @taller2006, expresaba: “#renunciacalderon Porque un país tan hermoso como el nuestro no merece tener a una basura como tú de presidente”. El usuario @jcastells9 escribió en su cuenta: “aunque se lo pase por los huevos, son un reflejo de lo que pensamos de él. Entre más se diga, mejor #renunciacalderon”.
El descontento con el gobierno actual es la tónica de la mayoría de los comentarios que incorporan el marcador #renunciacalderon. En muchos casos, se incorporan marcadores de otros temas que también se han planteado en la agenda de esta red social, como el del incendio en la guardería sonorense ABC, en el que murieron 49 niños; la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que dejó en el desempleo a más de 44 mil trabajadores; o el aumento de la violencia en el país.
El doctor en ciencia política Rodolfo Sarsfield refiere que las redes sociales virtuales, como Facebook y Twitter, se están configurando en mecanismos de participación política donde los ciudadanos pueden expresar sus preferencias, identidades e intereses de un modo multitudinario, ya que llegan a mucha gente de un modo fácil.
Además, Sarsfield señala que las discusiones vertidas en dichas plataformas son retomadas por medios de comunicación o por las propias personas en su vida diaria, con lo que tienen un “efecto multiplicador”.
Sin embargo, el investigador del Departamento de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas dice que las manifestaciones políticas que se generan en estas redes virtuales no son representativas en términos de opinión pública, debido a que el acceso a ellas continúa restringido a personas con un nivel socioeconómico y de formación política altos.
Para el diputado Clouthier Carrillo, el movimiento que se ha gestado en las redes sociales exigiendo la renuncia del presidente sencillamente “no existe”, pues en su opinión se trata de un mecanismo impersonal y no ve un verdadero compromiso ciudadano de parte de quienes “se esconden en la redes sociales”.
En opinión del legislador panista, el picar un botoncito para manifestar el apoyo a la renuncia de Calderón Hinojosa no hace ciudadanía y critica que la misma expresión de protesta no se manifieste en las elecciones, a las que considera como el espacio donde los ciudadanos pueden manifestar su inconformidad con sus representantes políticos.

“Para vivir mejor, renuncia Calderón”

Las expresiones en las plataformas digitales no han sido las únicas en las que se han manifestado el descontento con la actual administración y la exigencia de que Calderón Hinojosa sea removido del cargo presidencial.
En mayo pasado, cientos de organizaciones civiles y políticas, así como legisladores del Partido de la Revolución Democrática, PT y Convergencia, organizaron una consulta nacional para revocar el mandato a Calderón.
La campaña que antecedió a la consulta nacional incluyó la elaboración de 500 mantas con el lema “Para vivir mejor, renuncia Calderón” –ironizando un eslogan del gobierno federal–, las cuales fueron colocadas en distintos sitios públicos en todo el país.
El comité organizador de dicho movimiento también elaboró y difundió el documento Proclama a los pueblos de México para organizar la revocación de mandato de Felipe Calderón.
El documento manifiesta que la solución a la miseria, el desempleo y la inseguridad, así como la recuperación de “la dignidad nacional” es necesariamente la revocación del mandato a Calderón, a quien califican como “principal referencia de un régimen político corrompido y antinacional”.
Entre los motivos para la revocación, señalan el aumento de la pobreza, así como de la inseguridad y violencia en el país; además de que “ha degradado” al Ejército Mexicano al transformarlo en un ejército “de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas”.
Los más de 1 mil firmantes también acusan a Calderón de llevar a la economía nacional “al colapso”, dada la contracción del mercado interno, la destrucción de la planta productiva, una mayor dependencia técnica y científica, la devastación del campo y el fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores y afectando el nivel de vida de toda la población.
Además, lo señalan como responsable de “haber entregado ilegalmente el territorio nacional a empresas mineras, petroleras, agrícolas y hoteleras, solapando los daños ambientales y las afectaciones criminales en contra de pueblos y comunidades enteras”.
Francisco Saucedo, miembro del ya extinto Comité Nacional para la Revocación de Mandato de Felipe Calderón, reconoce que si bien la participación en la consulta no fue tan amplia como esperaban, se trató de “una iniciativa ciudadana que sobresalió respecto de la normalidad democrática que se vive en este país”, y por tanto, considera que sentó un precedente para “abrir expectativas”.

Revocación de mandato, el tema pendiente
La posibilidad de revocar el mandato a los servidores públicos, incluido el presidente de la República, sigue siendo un tema pendiente en la agenda del Poder Legislativo.
Aunque la inclusión de esta figura de democracia directa en la Constitución se ha planteado varias veces –tan sólo en el primer año de trabajo de la actual Legislatura se presentaron 10 iniciativas de ley al respecto–, todas las propuestas se han quedado en la congeladora.
El estudio Revocación de mandato. Estudio de derecho comparado de diversos países y estados de la república mexicana, así como opiniones especializadas, del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, plantea que la revocación de mandato puede ser una “muy buena herramienta” para que los ciudadanos puedan expresar si están de acuerdo o no con los planteamientos y ejercicios que ha llevado el mandatario en turno, sin tener que esperar hasta la siguiente fecha electoral para emitir un voto de castigo.
También señala que, “en aras de evitar manifestaciones tendientes a desestabilizar y cuestionar severamente la institucionalidad en materia electoral”, deben abrirse espacios para que la ciudadanía tenga cabida en la toma de decisiones políticas y mantenga la idea de que reside en ella el mandato supremo y original, tal como lo estipula la Constitución.
El doctor en derecho Daniel Márquez Gómez advierte de la complejidad de esta figura de participación ciudadana, pues considera que de no establecerse con claridad las causas y procedimiento para llevarla a cabo, podría prestarse a una manipulación política o impactar el desarrollo institucional del país.
Hay además “una paradoja” en este mecanismo, de acuerdo con Rodolfo Sarsfield, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pues si bien implica una mayor y más profunda representatividad política de los ciudadanos, también disminuye el grado de gobernabilidad de las instituciones políticas, ya que “un presidente tiene menos grado de gobierno si su propia figura está condicionada a la revocación de mandato”.
Aunque el diputado panista Manuel Clouthier Carrillo afirma que “en una democracia el que se equivoca pierde”, no comulga con la idea de la revocación de mandato y sostiene que no es la solución que el país necesita ni lo que “demandan los ciudadanos”. A decir del panista, la ciudadanía revoca el mandato en los procesos electorales “cuando le vuelve a tocar la oportunidad de elegir”.
Por el contrario, el diputado perredista Agustín Guerrero Castillo –quien formó parte del movimiento para exigir la revocación de mandato de Calderón Hinojosa– considera que dicha figura es un derecho ciudadano fundamental que se basa en el principio de que “el que tiene derecho a poner, tiene derecho a quitar”.

Fuente: Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados